Dicen que en otras partes…

Me cuentan que en Bogotá, son mimos quienes controlan el tráfico en las calles, y que Porto Alegre fue el primer lugar en implementar el presupuesto participativo. Me cuentan también que el gobierno de Islandia te maneja el ADN de todos sus habitantes y que en Buenos Aires calculan los impuestos a partir de un sistema satelital para evidenciar a los evasores.

Dicen los que saben que este tipo de medidas han incrementado la participación ciudadana, aumentado los niveles de seguridad, y promovido un mayor desarrollo económico, social y tecnológico en distintas partes del mundo. Yo me pregunto si quizá algunas de ellas funcionarían en el país.

Las vacas sagradas de la materia ya me estarían recordando que no hay que replicar políticas, que cada contexto específico requiere de un diseño institucional determinado. Cierto. Pero tal vez haya algo que aprender de experiencias exitosas, y fracasos, en otras partes del mundo a pesar de las innegables diferencias contextuales. Y si este aprendizaje no se da directamente en términos de formulación de políticas públicas, al menos servirá para enriquecer el debate y los procesos de reflexión que, eventualmente, quizá se reflejen en una administración más creativa y eficiente.

Voy a tomar como ejemplo el sistema de seguridad en el Reino Unido, en donde cientos de miles de cámaras de alta tecnología vigilan las calles y espacios de las ciudades. El circuito cerrado de televisión (CCTV) se utiliza como política de seguridad publica desde los noventa. Aunque no hay datos oficiales, la cifra más citada coloca el número de cámaras en el país en 4.2 millones, lo cual implica una cámara por cada 14 habitantes. Los aparatos más sofisticados tienen capacidad de reconocimiento facial: el sistema conecta una imagen de un rostro en alta definición a una base de datos, con lo cual registra la identidad del individuo.

La efectividad del sistema depende de lo que se quiera lograr. La mayoría de los estudios muestran que en el Reino Unido no ha implicado una disminución en el crimen ni un aumento en la resolución de casos de delito común. No obstante, los beneficios del CCTV se encuentran en la información que aporta a las investigaciones más complejas: fue con información del CCTV con lo que se identificó a cinco de los involucrados en los ataques suicidas en Londres en 2005.

Un análisis de los factores logísticos, administrativos y políticos, reflejaría una enorme dificultad para implementar un sistema similar en México. Aún así, la medida da lugar a reflexiones en torno a la relación entre el Estado y la sociedad, relevantes también en nuestro país.

Un sistema como el CCTV implica, necesariamente, una ampliación de la lógica del Estado hacia el terreno de lo privado y una reducción de las garantías individuales, en nombre de la seguridad. En el Reino Unido, la polarización en las opiniones se ha intensificado ante las novedades tecnológicas que permiten cada vez mayores invasiones a la privacidad de las personas, pero que aparecen en pleno clima de miedo e inseguridad por parte de la población.

En México se siente un clima de fuerte inseguridad. Pero ¿qué daríamos a cambio de ver en la cárcel a los delincuentes más peligrosos? Si el costo es una mayor intrusión del Estado en nuestras vidas, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a permitirla? ¿Hasta dejar que nos rastreen con cámaras por toda la ciudad, o nada más hasta permitir la entrada a nuestras casas de un judicial sin orden de cateo?