Donde a los soldados les dicen guachos

En Ayutla de los Libres, municipio de la Costa Chica de Guerrero, a los soldados les dicen guachos. Y así como cambia el nombre, parece que cambiara también la figura, o lo que ésta representa. Mientras que la opinión pública nacional, de acuerdo a encuestas, califica al Ejército como una de las tres instituciones más confiables del país, en las historias de la gente de Ayutla los militares significan miedo, represión y abuso de poder.

Algunos dicen que los guachos llegaron a Ayutla desde los setenta, durante la Guerra Sucia cuando combatieron a los movimientos guerrilleros de Cabañas y Vázquez, y que desde entonces han permanecido ahí. Para otros, la memoria histórica es corta: dicen que los soldados llegaron en 1994 en respuesta al levantamiento zapatista. A partir de ahí hay dos versiones. En la primera, la llegada de los guachos se describe como una matanza de los grupos indígenas por parte del gobierno (“En Chiapas estaban matando indígenas, y decían que iban a venir a matarnos a nosotros también, porque somos indígenas”). En la segunda versión, se trata de una estrategia preventiva para evitar que el movimiento zapatista se esparciera hacia otros estados.

Pero todos coinciden con que la masacre de El Charco representa un cambio absoluto en la estrategia de militarización de la zona. El 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, elementos del Ejército irrumpieron en una escuela primaria en la que un grupo de indígenas se encontraba reunido en asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.  El resultado fue de 11 muertos, cinco heridos, y 22 personas trasladadas a la Novena Región Militar, en donde fueron torturados y retenidos por dos días.

La versión oficial del suceso, a cargo del entonces Subprocurador General, fue que se trató de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas (que buscaban aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos como parte de su campaña anti-drogas), y un grupo de guerrilleros armados (que se encontraban en una reunión subversiva y dispararon a los soldados cuando éstos pidieron que entregaran sus armas). En las historias de los sobrevivientes, de otros habitantes de Ayutla, y de las principales organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de la región, se trató de una masacre del Ejército contra miembros de la sociedad civil organizada que no tienen ningún vínculo con grupos guerrilleros.

A partir de entonces, describen una agudización de la militarización en la zona Me’phaa (tlapaneca) y Na’savi (mixteca), que incluye la instalación de retenes, patrullaje e interrogatorios por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, policías ministeriales y judiciales, y grupos civiles armados a los que se relaciona con el Ejército.

El papel expansivo del Ejército se refleja en un aumento en el número de tropas presentes en la región de la Costa Chica, que el gobierno federal justifica como parte de su estrategia de combate al narcotráfico. Esto ha implicado un incremento en la participación del Ejército en funciones de seguridad pública, lo cual lleva a un mayor contacto entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los habitantes de la región.  El resultado ha sido, en los últimos tres años, una notable elevación en las quejas y demandas por violaciones a los derechos humanos por parte de este organismo. 




Así, en regiones como la Costa Chica de Guerrero, los guachos dan más miedo que los que otros conocemos como soldados. Y si partimos de la experiencia de estas y otras muchas comunidades que históricamente han sido violentadas por las fuerzas armadas, la estrategia de militarización del país emprendida por el gobierno de Felipe Calderón se vuelve no sólo preocupante, sino aterradora.