Militarización y violación

En la guerra de Bosnia, entre 20 mil y 50 mil mujeres musulmanas fueron víctimas de abuso sexual por parte de soldados serbios. Durante la guerra del Congo, se estima que los militares violaron a 200,000 mujeres. En el genocidio de Rwanda, los reportes de la ONU calculan que entre 250,000 y 500,000 ruandesas fueron abusadas sexualmente. Así, la violación como arma de guerra se ha utilizado en diversos conflictos armados. A diferencia de un abuso sexual común, en estos casos no se trata de actos aleatorios u ocasionales, sino de una estrategia sistemática de guerra psicológica promovida por los mandos militares.

En México, la violación sexual a civiles por parte de miembros de las Fuerzas Armadas también existe. Desde que llegaron los guachos aquí a la comunidad, violaron a las mujeres. Así hacen ellos. A las niñas les da miedo ya ir a la escuela, porque saben que ahí anda todavía el militar y no se ha hecho justicia. Este es un fragmento de la historia de Natalia, una campesina indígena de Ayutla, Guerrero. Para ella, los militares no representan disciplina, orden y solidaridad, que de acuerdo a encuestas la opinión pública mexicana coloca como los principales atributos del Ejército. En cambio, para gente como Natalia los guachos son sinónimo de represión, abuso y miedo. Su percepción surge a raíz de los abusos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de la población civil. La violación de las mujeres es una de las formas más tangibles y más crueles de estos abusos.

Como en los casos de Bosnia y Congo, tampoco aquí se trata de actos aleatorios. Si bien en México no existen,  ni con mucho, los números de violaciones sexuales que se reportan en otros conflictos, de acuerdo con los habitantes de Ayutla estos abusos se presentan sistemáticamente, como parte de una estrategia de contrainsurgencia con la cual el gobierno federal busca desarticular movimientos sociales en la región.

Quizá las historias más representativas en la región son las de Inés y Valentina, dos indígenas me’phaa que fueron violadas por miembros del Ejército Mexicano en 2004. Ambas forman parte de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, OPIM, que surge como reacción a la masacre cometida por el Ejército en El Charco en 1998. Desde entonces la OPIM, con ayuda del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se ha dedicado a documentar y denunciar los abusos de las Fuerzas Armadas en la región.

“Los guachos desde siempre han violado a muchas mujeres. Pero a las que violaron más reciente, eran precisamente compañeras nuestras de la OPIM. ¿Por qué violaron justamente a estas dos compañeras? Quieren espantarnos, por ser defensores de derechos humanos,” dice la presidenta de la organización me’phaa.

Las denuncias por la violación de ambas mujeres se levantaron y las autoridades mexicanas han sido lentas e ineficientes en las investigaciones, como lo han sido ante las quejas por otros abusos cometidos por el Ejército y documentados por la OPIM. Sin embargo, los casos de Inés y Valentina han obtenido una proyección internacional gracias al apoyo de organizaciones externas como Tlachinollan y Amnistía Internacional. Actualmente ambos casos se encuentran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperando una resolución.

Por mientras, Inés, Valentina, y varios otros miembros de la OPIM y Tlachinollan están bajo medidas cautelares, debido a amenazas de muerte que han recibido y que, en algunas ocasiones, se han cumplido. Tal es el caso de Lorenzo, hermano de Inés, quien después de recibir amenazas directas fue asesinado. Las circunstancias de su muerte aún no se aclaran y las investigaciones no han avanzado en encontrar al culpable, pero para Inés la cosa está muy clara. “A mí me violaron los guachos, me mataron a mi hermano Lorenzo, a él porque fue el que me apoyó para hacer mi denuncia de la violación.”

Los soldados en México son, según la opinión pública, disciplinados (90%), solidarios (80%), honestos (68%), tolerantes (63%), y respetuosos de los derechos humanos (64%).[1] Y ojalá esos sean los soldados que hoy andan por todo el país combatiendo el narcotráfico. Pero los guachos, esos que están en Ayutla, esos que violan y matan y torturan, esos son otra historia.... ¿O no?

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[1] Ver: Encuesta Nacional IPSOS-BIMSA/El Universal: Imagen del Ejército Mexicano. 2007. Los porcentajes representan a las personas que respondieron que asocian al Ejército Mexicano “mucho” o “algo” con los atributos mencionados.

Donde a los soldados les dicen guachos

En Ayutla de los Libres, municipio de la Costa Chica de Guerrero, a los soldados les dicen guachos. Y así como cambia el nombre, parece que cambiara también la figura, o lo que ésta representa. Mientras que la opinión pública nacional, de acuerdo a encuestas, califica al Ejército como una de las tres instituciones más confiables del país, en las historias de la gente de Ayutla los militares significan miedo, represión y abuso de poder.

Algunos dicen que los guachos llegaron a Ayutla desde los setenta, durante la Guerra Sucia cuando combatieron a los movimientos guerrilleros de Cabañas y Vázquez, y que desde entonces han permanecido ahí. Para otros, la memoria histórica es corta: dicen que los soldados llegaron en 1994 en respuesta al levantamiento zapatista. A partir de ahí hay dos versiones. En la primera, la llegada de los guachos se describe como una matanza de los grupos indígenas por parte del gobierno (“En Chiapas estaban matando indígenas, y decían que iban a venir a matarnos a nosotros también, porque somos indígenas”). En la segunda versión, se trata de una estrategia preventiva para evitar que el movimiento zapatista se esparciera hacia otros estados.

Pero todos coinciden con que la masacre de El Charco representa un cambio absoluto en la estrategia de militarización de la zona. El 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, elementos del Ejército irrumpieron en una escuela primaria en la que un grupo de indígenas se encontraba reunido en asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.  El resultado fue de 11 muertos, cinco heridos, y 22 personas trasladadas a la Novena Región Militar, en donde fueron torturados y retenidos por dos días.

La versión oficial del suceso, a cargo del entonces Subprocurador General, fue que se trató de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas (que buscaban aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos como parte de su campaña anti-drogas), y un grupo de guerrilleros armados (que se encontraban en una reunión subversiva y dispararon a los soldados cuando éstos pidieron que entregaran sus armas). En las historias de los sobrevivientes, de otros habitantes de Ayutla, y de las principales organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de la región, se trató de una masacre del Ejército contra miembros de la sociedad civil organizada que no tienen ningún vínculo con grupos guerrilleros.

A partir de entonces, describen una agudización de la militarización en la zona Me’phaa (tlapaneca) y Na’savi (mixteca), que incluye la instalación de retenes, patrullaje e interrogatorios por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, policías ministeriales y judiciales, y grupos civiles armados a los que se relaciona con el Ejército.

El papel expansivo del Ejército se refleja en un aumento en el número de tropas presentes en la región de la Costa Chica, que el gobierno federal justifica como parte de su estrategia de combate al narcotráfico. Esto ha implicado un incremento en la participación del Ejército en funciones de seguridad pública, lo cual lleva a un mayor contacto entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los habitantes de la región.  El resultado ha sido, en los últimos tres años, una notable elevación en las quejas y demandas por violaciones a los derechos humanos por parte de este organismo. 




Así, en regiones como la Costa Chica de Guerrero, los guachos dan más miedo que los que otros conocemos como soldados. Y si partimos de la experiencia de estas y otras muchas comunidades que históricamente han sido violentadas por las fuerzas armadas, la estrategia de militarización del país emprendida por el gobierno de Felipe Calderón se vuelve no sólo preocupante, sino aterradora.

Climategate

Climategate

Resulta que hay un chismerío en la comunidad científica internacional. El 20 de noviembre, un fulano sin identificar irrumpió ilegalmente en el sistema de correos electrónicos de la Unidad de Investigación Climática (Climatic Research Unit, CRU) de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. El individuo difundió en la red cientos de documentos sobre el cambio climático de 1996 a 2009, así como conversaciones privadas entre los miembros del CRU. Además de una investigación independiente para detectar al infiltrado, el asunto ha despertado un fuerte debate en los ámbitos académico, político y mediático.

El pleito está entre dos bandos: los seguidores del mainstream o corriente dominante, que argumentan que el planeta atraviesa un proceso anormal de calentamiento acelerado por la actividad humana, y los escépticos, que ponen en duda tanto el calentamiento global como su relación con la actividad humana.

Para los escépticos estos correos comprueban lo que ellos llevan años sosteniendo: que todo ha sido, si no un invento, al menos una exageración por parte de los medios de comunicación, las organizaciones ambientalistas, y los científicos aliados a ambos. Para esto citan el correo en el que un investigador explica que utilizó un “truco” con su información.  “El hecho es que no podemos explicar la falta de calentamiento en este momento y es una parodia que no podamos,” se lee en otro mail. Un tercer correo habla sobre la publicación de un texto en la revista Climate Research que cuestiona las afirmaciones de que el siglo XX presentó temperaturas más altas de lo normal. “Debemos de dejar de considerar a Climate Research como una publicación legítima y validada correctamente. Quizá debemos impulsar a nuestros colegas a que ya no citen ni envíen sus textos a esta revista.” Además, aseguran que los documentos contienen discusiones sobre cómo combatir los argumentos de los escépticos, cómo mantener sus investigaciones fuera de publicaciones académicas, y cómo destruir archivos para evitar que la información salga a la luz pública.

En suma, los escépticos dicen que los científicos mainstream han estado manipulando datos, escondiendo información, y pugnando por mantener fuera del debate a cualquier punto de vista que ponga en duda sus argumentos. Así, han armado el mayor fraude científico en la historia, ahora conocido como el climategate.

Los creyentes en el cambio climático han esgrimido diversos argumentos para defenderse. Uno, que los correos y citas están sacados de contexto, con lo cual se prestan a interpretaciones erróneas. Dos, que las conversaciones personales de un reducido grupo de científicos no deberían de invalidar la información que miles de investigadores en el mundo han producido en años recientes.  Y tres, que en ninguno de los 3 mil documentos publicados se menciona que el calentamiento global no exista ni que no esté relacionado con la emisión de gases invernadero por parte de los humanos.

En fin, que el pleito sucede a unos días de la Cumbre de Copenhague, en la que líderes del mundo pretenden alcanzar un nuevo acuerdo de regulación medioambiental que sustituya al Protocolo de Kioto. Ahora existe el miedo de que este escándalo obstaculice  el consenso en torno a cualquier documento vinculante. Porque pesar de que recientemente la ONU publicó un reporte sobre la aceleración del calentamiento, para algunos el Climategate ha cuestionado la base científica de estas afirmaciones. Incluso, senadores del Partido Republicano estadounidense piden que se investigue la veracidad de los resultados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, en el cual se basa la estrategia de EEUU ante el cambio climático.

Muchos sospechan, en cambio, que la publicación de estos correos es sólo un episodio vergonzoso para los implicados y que no trascenderá como impedimento para las nuevas regulaciones ambientales. Coincido: en Copenhague se tomarán decisiones con razonamientos más económicos que ecológicos. Pero una cosa es difícil de negar: el episodio muestra las luchas de poder en la construcción de la ciencia. Más que poner en duda la aceleración del calentamiento del planeta a causa de nuestras acciones, los correos publicados son un recordatorio de que las ciencias exactas no se libran de los manejos políticos y, por lo tanto, distan mucho de cualquier objetividad.

Un cuento de medicinas

Hace mucho tiempo, existían unas criaturas siniestras que se dedicaban a robarse los inventos de otros. Esto tenía enojados a algunos pobladores, en especial a los habitantes de un pueblo llamado Pharma. “No es justo,” decían. “Pasamos horas inventando pociones medicinales, y otros nos roban la fórmula y hacen sus propias pociones.”

Un día, los habitantes de Pharma visitaron el Consejo de Reyes Poderosos y les rindieron tributo, para convencerlos de que los protegieran de los robos. Así que los señores de los Reinos Poderosos decidieron crear un hechizo para proteger los inventos de Pharma. Lo llamaron los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Con este fuerte hechizo, las ideas e inventos quedarían protegidos y ningún ser tenebroso podría robarlos. “Ahora,” dijo el Consejo de Reyes, “todo aquel que desee sanar su cuerpo enfermo, deberá entregar unos lingotes de oro a Pharma, para obtener la fórmula mágica.”

El nuevo hechizo provocó el enojo de algunos reinos lejanos, preocupados porque los ADPIC iban a dañar a su población. “Pobrecita de nuestra gente,” decía el soberano de Brasil, “los que son pobres, no tendrán con qué pagar las medicinas y sus cuerpos permanecerán enfermos.” “Además,” se lamentaba el señor de la India, “¿qué sucederá con aquellos pequeños mercaderes que utilizan ingredientes similares para hacer fórmulas equivalentes y venderlas por menos lingotes?”

Dichos soberanos se juntaron en el del Consejo de Reinos Emergentes y firmaron la Declaración de Doha. Este contra-hechizo demoraba los efectos de los ADPIC, y les daba tiempo a los pequeños mercaderes de preparar sus propias fórmulas antes de que estas quedaran protegidas bajo el encanto. Doha también permitía la “Licencia Obligatoria,” con la cual los soberanos podrían ordenar a Pharma que compartiera sus fórmulas cuando ocurriera una emergencia de salud nacional. 

El Reino de la India aprovechó el tiempo que obtuvo con la Declaración Doha para que sus pequeños mercaderes se organizaran. Formaron un gran tesoro que utilizarían para enfrentarse a los habitantes de Pharma, cuando éstos llegaran a la India protegidos por los ADPIC. Ese tesoro existe aún, y los mercaderes de equivalentes medicinales en India fabrican muchas pócimas mágicas que ayudan a millones de personas a sanar sus cuerpos enfermos sin que tengan que pagar en oro.

Los habitantes de Brasil no son amigos de los habitantes de Pharma. Un día, cuando muchos súbditos brasileños enfermaron de una terrible enfermedad llamada VIH/SIDA, fueron a exigir a su soberano que los protegiera. Llamaron muchas veces a la puerta del castillo hasta que, al fin, su rey les hizo caso, y obligó a Pharma a compartir su fórmula mágica, gracias a la “licencia obligatoria” que Doha permitía.

Así, utilizando las armas que la Declaración Doha y la imaginación permitían, estos y otros Reinos Emergentes lograron grandes triunfos.

Mientras tanto, un Reino Emergente llamado México prefirió aliarse con los Reinos Poderosos y predicó en contra de la Declaración de Doha. “Debemos proteger las patentes para que los habitantes de Pharma vengan a nuestro reino, y que nuestros pequeños mercaderes inventen sus propias fórmulas,” dijo un escudero blanquiazul. Y es que los señores de México habían firmado, tiempo antes, un pacto secreto con sus reinos vecinos del norte, llamado TLCAN, que los obligaba a tener fuertes hechizos que protegieran los inventos de Pharma. Así fue que los señores de México jamás utilizaron los contra-hechizos de Doha, ni tampoco les dieron a sus mercaderes otras armas para enfrentarse a los habitantes de Pharma.

En el Reino de México, los mercaderes no inventaron sus propias fórmulas sino que, al quedar débiles y sin tesoro, los habitantes de Pharma los hicieron desaparecer. También trajeron consigo pócimas medicinales tan caras tan caras, que muchos habitantes de México no las pueden pagar.

A lo mejor lo que falta en México es que los súbditos se organicen, como lo hicieron en Brasil, para pedir a su Rey que los proteja. Ya han llamado algunas veces a la puerta del castillo, pero deben de regresar y tocar con más fuerza, para asegurarse de que el soberano los escuche, y los salga a defender.

Al fin que allá están peor

En México la tasa anual de homicidios es de 18 por cada cien mil habitantes. Es decir, tres veces la tasa mundial. Pero no hay que preocuparnos, al cabo que en Colombia es de 39 y en El Salvador, de 55.

Los números en Brasil son parecidos a los de nuestro país: 19 homicidios por cada cien mil personas. Sólo que allá están más preocupados, y desde hace varios años, porque en lugar de imputar la responsabilidad de estos asesinatos al enfrentamiento entre cárteles de drogas y pandillas, los brasileños lo perciben como un problema de violencia policial.

Sucede que en las favelas brasileñas, los policías tienen cheque en blanco para matar. En palabras de algún analista, si un policía en Río mata a alguien, esa persona se convierte, ipso facto, en un narcotraficante. Expertos en el tema se preguntan a qué se debe que en una democracia la policía despliegue los niveles de brutalidad que ejercen en aquel país, principalmente en contra de jóvenes pobres y de piel obscura. La respuesta que dan algunos es que se trata de una herencia de las dictaduras militares que dominaron el país en décadas anteriores.

A diferencia de otras instituciones, que con el derrocamiento de los gobiernos militares han sido reformadas hacia una lógica más democrática, la policía permaneció casi intacta. La derecha, pensó que era buena idea mantener algunas de las instituciones estables. La izquierda, pensó dos cosas: a) que la policía representaba un instrumento de control por parte de los conservadores, por lo que a los liberales no les tocaba intervenir; y b) que la necesidad de una policía es consecuencia de problemas estructurales, mientras que el deber de la izquierda estaba en atender las causas de fondo. Al lavarse las manos, los sectores de la izquierda brasileña tácitamente permitieron que la policía conservara la estructura que desarrolló durante la dictadura.

Lo anterior implica que en cada estado hay dos policías: la civil y la militar, sin coordinación entre ellas y en constante tensión. Implica una fuerza pública que, lejos de producir condiciones de seguridad, es perpetradora de algunas de las peores atrocidades. Implica una ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y el consecuente abuso del poder, que han ocasionado que la gente tema más a la policía que a los militares. Y esto a pesar de la carga histórica del ejército tras dos décadas de opresión por parte suya.

En México, la ausencia de un régimen militar explícito amortiguó en años pasados la percepción sobre la necesidad de una reestructuración de las fuerzas policiales. Pero lo cierto es que las demandas en torno a violaciones de derechos humanos por parte de la policía son abundantes. Lo cierto también es que las principales reformas a las leyes de seguridad pública se han dado en tiempos de fuerte represión.

Habría que examinar si la actual estructura de la fuerza pública es herencia de la Guerra Sucia. Habría que investigar cuántos de cada 18 homicidios son cometidos por integrantes de la policía. Y habría que preguntarnos qué tipo de propuesta se puede ofrecer, desde la izquierda, para reformar esta institución. Sobre todo en un contexto en el que está de moda proceder con la fuerza pública para ahorrarse otros canales de acción. Esto para evitar que, por lavarnos las manos y achacar el tema al otro lado del espectro, la cosa se ponga aún peor y en lugar de compararnos con Brasil, empecemos a analizar el caso de El Salvador.

Prototipo antipolítico

Hace tiempo leí en un periódico que se referían a Juanito como “el prototipo de la antipolítica.” Esto por ser analfabeta, ignorante, sin principios y ambicioso, es decir “el retrato de la ridiculez y la desvergüenza”.  

Dicen que en Bogotá también hay un antipolítico, un señor de nombre Antanas Mockus. Él también parece ser bastante desvergonzado porque cuando era rector en la Universidad Nacional de Colombia, se bajó los pantalones frente a un auditorio de estudiantes para captar su atención. Después de eso se volvió famoso y lo eligieron alcalde en 1995, y en 2001.

Antanas estudió matemáticas y filosofía, y durante años se dedicó a la enseñanza y la academia. Pero su incursión en la política no implicó abandonar estos ámbitos por completo. Cuando quedó al frente del gobierno en la capital colombiana, que describió como “un aula de 6.5 millones de personas”, el profesor no dejó atrás los métodos didácticos. Para su gabinete se olvidó de las figuras políticas y un séquito de académicos ocupó los cargos más importantes. Con este soporte, su administración fue un constante experimento social para combatir la corrupción, inseguridad, violencia e impunidad que aquejaban a la ciudad.

El principal motor de las acciones de Mockus es, según sus palabras, una pasión por enseñar. Su idea es que cuando la gente conoce las reglas, “y se familiariza con ellas a través del arte, el humor y la creatividad, es más probable que acepte el cambio”. Sobre esta base implementó una serie de medidas inusuales con las que hizo frente a los principales problemas en Bogotá. Sus métodos van desde fundar un club de taxistas honestos hasta organizar una “”Noche de las mujeres,” en la que los hombres permanecieron en casa cuidando a sus hijos y 700,000 mujeres salieron a celebrar.

Cuando en Bogotá hubo escasez de agua, en televisión aparecieron imágenes de Mockus dándose un baño, y mostrando cómo hay que cerrar el agua mientras uno se enjabona. El efecto fue inmediato: en dos meses se redujo en 14% el consumo. Después, gracias a incentivos económicos, la reducción en el uso de agua en Bogotá llegó a ser del 40%. Levanten la mano los que quieren ver imágenes de Ebrard en la regadera.

Cuando el número de personas que morían por accidentes viales era preocupante, Antanas contrató a 420 mimos para que dirigieran el tráfico en Bogotá. Su trabajo: ridiculizar a los peatones que no respetaran los pasos de cebra, porque el alcalde pensaba que los colombianos temen más a quedar en ridículo que a pagar una multa. Cierto o no, las muertes por accidentes automovilísticos se redujeron en 50% durante su mandato. Pero quizá los chilangos perderíamos nuestra esencia si dejáramos de cruzar las calles por donde nos da la gana.

Cuando no le alcanzaban los dineros, pidió a la gente que pagara un 10% adicional de impuestos voluntarios, y 63,000 ciudadanos lo hicieron. El cambio de actitud de los bogotanos respecto a las contribuciones fiscales fue evidente en 2002, cuando el gobierno recaudó más del triple de ingresos que en 1990, gracias en parte a un aumento en los impuestos que Mockus anunció desde su candidatura. Esto funciona cuando la gente confía en una buena administración. ¿Cuántos defeños le daríamos una ayudadita a Marcelo, a nombre de la confianza y la amistad?

Con medidas de este estilo, Mockus tuvo logros importantes. Alcanzó una reducción del 70% en la tasa de homicidios, abasteció de agua potable a todas las casas de la ciudad y proveyó drenaje al 95%. Pero más valiosa fue la transformación de la cultura cívica de los bogotanos, que llevó a un aumento en su participación e involucramiento para enfrentar los problemas de la ciudad.

Hay quienes dicen que Antanas Mockus es el prototipo del antipolítico en América Latina. Pero si en México la alternativa se encarna en un Juanito, si a eso se reduce nuestra imaginación para pensar fuera de los moldes tradicionales de la política, entonces ¿qué esperanzas?

Dicen que en otras partes…

Me cuentan que en Bogotá, son mimos quienes controlan el tráfico en las calles, y que Porto Alegre fue el primer lugar en implementar el presupuesto participativo. Me cuentan también que el gobierno de Islandia te maneja el ADN de todos sus habitantes y que en Buenos Aires calculan los impuestos a partir de un sistema satelital para evidenciar a los evasores.

Dicen los que saben que este tipo de medidas han incrementado la participación ciudadana, aumentado los niveles de seguridad, y promovido un mayor desarrollo económico, social y tecnológico en distintas partes del mundo. Yo me pregunto si quizá algunas de ellas funcionarían en el país.

Las vacas sagradas de la materia ya me estarían recordando que no hay que replicar políticas, que cada contexto específico requiere de un diseño institucional determinado. Cierto. Pero tal vez haya algo que aprender de experiencias exitosas, y fracasos, en otras partes del mundo a pesar de las innegables diferencias contextuales. Y si este aprendizaje no se da directamente en términos de formulación de políticas públicas, al menos servirá para enriquecer el debate y los procesos de reflexión que, eventualmente, quizá se reflejen en una administración más creativa y eficiente.

Voy a tomar como ejemplo el sistema de seguridad en el Reino Unido, en donde cientos de miles de cámaras de alta tecnología vigilan las calles y espacios de las ciudades. El circuito cerrado de televisión (CCTV) se utiliza como política de seguridad publica desde los noventa. Aunque no hay datos oficiales, la cifra más citada coloca el número de cámaras en el país en 4.2 millones, lo cual implica una cámara por cada 14 habitantes. Los aparatos más sofisticados tienen capacidad de reconocimiento facial: el sistema conecta una imagen de un rostro en alta definición a una base de datos, con lo cual registra la identidad del individuo.

La efectividad del sistema depende de lo que se quiera lograr. La mayoría de los estudios muestran que en el Reino Unido no ha implicado una disminución en el crimen ni un aumento en la resolución de casos de delito común. No obstante, los beneficios del CCTV se encuentran en la información que aporta a las investigaciones más complejas: fue con información del CCTV con lo que se identificó a cinco de los involucrados en los ataques suicidas en Londres en 2005.

Un análisis de los factores logísticos, administrativos y políticos, reflejaría una enorme dificultad para implementar un sistema similar en México. Aún así, la medida da lugar a reflexiones en torno a la relación entre el Estado y la sociedad, relevantes también en nuestro país.

Un sistema como el CCTV implica, necesariamente, una ampliación de la lógica del Estado hacia el terreno de lo privado y una reducción de las garantías individuales, en nombre de la seguridad. En el Reino Unido, la polarización en las opiniones se ha intensificado ante las novedades tecnológicas que permiten cada vez mayores invasiones a la privacidad de las personas, pero que aparecen en pleno clima de miedo e inseguridad por parte de la población.

En México se siente un clima de fuerte inseguridad. Pero ¿qué daríamos a cambio de ver en la cárcel a los delincuentes más peligrosos? Si el costo es una mayor intrusión del Estado en nuestras vidas, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a permitirla? ¿Hasta dejar que nos rastreen con cámaras por toda la ciudad, o nada más hasta permitir la entrada a nuestras casas de un judicial sin orden de cateo?